Contexto del proyecto


Un contexto de llegada para las personas refugiadas en San Luis Potosí.


¿Quiénes son los refugiados y por qué México debe recibirlos? ¿Por qué están llegando a San Luis Potosí? ¿Por qué dar trabajo a extranjeros que huyen de sus países? ¿Cuántos están viviendo en mi ciudad? ¿Qué hace una agencia humanitaria? Son algunas preguntas que surgen cuando se habla de la llegada de refugiados a San Luis Potosí y ninguna tiene una respuesta realmente sencilla. La recepción de refugiados es un compromiso humanitario que el estado mexicano ha asumido ante la comunidad internacional a través de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, pero es un compromiso para el que no tiene una política de integración. En cierta manera, tiene una “política de recepción”, garantizando el acceso a la solicitud de refugio desde cualquier parte de la república, pero no tiene mecanismos claros para que las personas accedan en igualdad de oportunidades a derechos y servicios de educación, salud, trabajo y vivienda. Luego están otras necesidades, como el reconocimiento de los derechos culturales, políticos y financieros o la garantía de vivir en condiciones de seguridad y con sentido de pertenencia comunitaria. Todo ello nos remite al tema de la integración social de poblaciones extranjeras y lo observable es que tal integración sucede de acuerdo al contexto de oportunidades, o de constricciones, a donde llegan las personas refugiadas. En concreto, no hay una política de integración sino un “contexto de llegada” para las poblaciones en movilidad: migrantes de tránsito, inmigrantes, refugiados, etc.

Este apartado tiene el propósito de dar a conocer un poco del “contexto de llegada” de las personas refugiadas a nuestro estado y, a la vez, hacer comprensible el marco en el que se elaboró la presente Guía para la Inserción e Integración Laboral de Personas Refugiadas en San Luis Potosí. En esencia, la Guía es una de varias estrategias desarrolladas desde lo local para hacer frente a los vacíos en política de integración de comunidades extranjeras. En ese sentido, el texto intenta ser breve e informativo, por lo que no entra al análisis de las acciones emprendidas y mucho menos a la discusión de lo que no se está haciendo en la materia. En cambio, se apuntan algunos datos relevantes sobre la cantidad de refugiados que llegan a México y a nuestro estado; las características del Programa de Integración Local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); y la manera en que algunas instituciones potosinas están participando en acciones de integración para esta población.

¿Qué tanto aportan estas iniciativas locales a la integración de las personas refugiadas? Esta es una de las preguntas más difíciles de responder. Estas iniciativas tienen un impacto limitado porque carecen, sólo por mencionar un par de cosas fundamentales, de presupuesto para su ejecución y de reglamentación que obligue la instalación de capacidades en las instituciones públicas. Si bien es cierto que estas iniciativas fomentan nuevas dinámicas, cambian percepciones e inspiran a la participación de la ciudadanía, también lo es que se muestran insuficientes y vulnerables ante la complejidad creciente de los procesos migratorios en nuestra región.

Fuente: ACNUR

Una persona refugiada es quien

…debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”


– Ley sobre Refugiados, Asilo Político y Protección Complementaria, 2011

¿Por qué están llegando personas refugiadas a San Luis Potosí?

En el año 2000, México se adhirió a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, asumiendo con ello el compromiso de adoptar un código universal de trato hacia los refugiados, bajo los principios de no discriminación, no devolución y respeto a los derechos humanos. Por igual, la Convención demanda un trato favorable para acceder al empleo, el autoempleo, la salud, la justicia, la vivienda, la educación, el ejercicio de la profesión y la seguridad social, entre otras cosas. En 2011 se promulgó la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, junto con su Reglamento en 2012. Esta normativa representó un avance fundamental en tres aspectos: la alineación del país con estándares internacionales, la inclusión de otras formas de protección y la definición de procedimientos claros para el reconocimiento de la condición de refugiado. La Ley también amplía las facultades de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la única institución encargada de recibir, estudiar y dictaminar las solicitudes de refugio en México.

Durante los últimos diez años, México se ha colocado como un importante receptor de refugiados en el mundo. El 2024 cerró con casi 79 mil solicitudes, pero el 2023 rompió todos los récords históricos con más de 140 mil solicitudes (ver Gráfica I). Esto ha provocado una sobrecarga al sistema de refugio y una aglomeración de esta población en los estados del sur, a donde llegan la mayoría de solicitantes por vía terrestre.

Ante este escenario, el gobierno mexicano ha garantizado el derecho a la solicitud de refugio, pero no tiene una política definida para la integración de las personas que han sido reconocidas como refugiadas. En su lugar, se apoya ampliamente en la asistencia económica y técnica de ACNUR. De hecho, ACNUR subsidia más del 50% del presupuesto de la COMAR y lidera la operación más importante para la integración de refugiados, conocida como Programa de Integración Local (PIL) y de la que hablaremos un poco más abajo.

Gráfica I. Solicitudes de refugio en México, por año, 2014 – 2024

Fuente: Elaboración propia con datos de COMAR, 2025

Casi 50,000 personas han participado en el PIL desde que inició en 2016 y las encuestas realizadas por ACNUR muestran que los participantes han superado algunas condiciones de vulnerabilidad, gracias al empleo formal, el acceso a la vivienda digna y el ingreso escolar de los hijos. Aunque estas mismas encuestas indican que la población mexicana aún guarda prejuicios sobre el asentamiento de personas refugiadas. Además, es importante señalar que no todos los estados de la república participan en el PIL. La disposición del gobierno federal ha sido delegar la responsabilidad en las entidades federativas para que formulen sus propias estrategias de acogida para poblaciones en contexto de movilidad, por lo que colaborar con ACNUR a través del PIL es realmente una cuestión de muchos factores, incluyendo la voluntad política e institucional que rige en cada espacio.

San Luis Potosí es un estado atractivo para el PIL por su relevante actividad económica industrial y la relativa estabilidad de su mercado laboral. En el 2020, ACNUR instaló una oficina de terreno para vincularse con instituciones y actores locales y comenzar a desarrollar esas estrategias de acogida para la población refugiada. La experiencia ha sido hasta el momento positiva con resultados que destacan sobre otras oficinas de integración en el país y esto se explica, en parte, a la experiencia local de atención a poblaciones en movilidad.

Un precedente para la integración de refugiados en San Luis Potosí.

San Luis Potosí ha sido lugar de destino para personas refugiadas desde hace varios años atrás,, aunque no llegaban en cantidades tan significativas como ahora. Su llegada sucedió en un contexto completamente diferente; por ejemplo, existía poca difusión sobre el proceso de refugio, no existía una legislación consistente y prácticamente ninguna institución conocía de sus derechos. También a causa de ello mucha personas con el perfil de protección de refugio no eran detectadas o desconocían ellas mismas esta posibilidad. Recordemos que los refugiados llegan de manera irregular como lo hacen muchas personas extranjeras que transitan por el país para conseguir un empleo en México y Estados Unidos. Es por ello que las organizaciones para la asistencia de migrantes en tránsito fueron las primeras en detectar y atender casos de personas refugiadas, como la casa del migrante en San Luis Potosí.

Para el 2017, el Centro Potosino de Estudios Migratorios, a. c. (Cepodemi) recibió capacitación técnica por parte de ACNUR y estableció una dinámica de trabajo colaborativo con la Delegación Estatal del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para detectar, asesorar, acompañar y representar solicitudes de refugio. Del 2017 al 2019 se presentaron más de 400 solicitudes de refugio bajo este modelo de atención.2

Durante ese periodo comenzó también una reflexión necesaria sobre las oportunidades de integración para las personas refugiadas e inmigrantes que se fueron asentando en San Luis Potosí para formar una familia y continuar con su vida. En estos ejercicios participaron organizaciones de la sociedad civil, del sector público y actores clave del sector privado empresarial, cuyo rol es considerado fundamental en la formulación de propuestas de participación económica de la población inmigrante y refugiada. Precisamente, este tipo de ejercicios llamó la atención de organismos internacionales como ACNUR, porque coincidía plenamente con los objetivos de integración de refugiados a través del PIL; es decir, en San Luis Potosí existía un contexto previo de participación interinstitucional interesada en realizar acciones de acogida para poblaciones en contexto de movilidad.

El Programa de Integración Local (PIL) en
San Luis Potosí.

Mapa I. Operación del Programa de Integración Local de ACNUR, hasta abril del 2025.

Fuente: Elaboración propia.





Al inicio del 2020, ACNUR instaló una oficina de integración en la capital potosina para operar el Programa de Integración Local (PIL), cuya misión es establecer vínculos con instituciones del sector público, privado y de sociedad civil para facilitar y garantizar que las personas refugiadas accedan al empleo, la salud, la educación y la vivienda.

El PIL inicia contactando a personas que ya han sido reconocidas como refugiadas en el sur de México para movilizarlas hacia estados del centro y norte del país en donde se encuentran las oficinas de integración (ver Imagen 1). La intención es disminuir la aglomeración de personas en el sur para que se integren a ciudades industrializadas con oportunidades de empleo y acceso a servicios.

Hasta finales del 2024, grupos muy variados en cantidad (a veces una docena y otras de hasta 90) estuvieron llegando cada 15 días a la capital potosina para instalarse por tres días en un hotel local y recibir toda la orientación necesaria sobre sus derechos y obligaciones; las oportunidades de empleo; y cómo conseguir vivienda. Estas actividades están cuidadosamente programadas y garantizan que al final de esos tres días las personas tengan un empleo, un lugar dónde vivir y la canalización de necesidades particulares (educación, salud, justicia, etc.).

Además de las personas movilizadas desde el sur, el PIL también ofrece asistencia, protección y asesoría a personas refugiadas que ya se encuentran residiendo en el estado. Alrededor de 6000 personas han sido atendidas en el marco del PIL, lo que da una idea de la cantidad de personas refugiadas que han encontrado una oportunidad para continuar con su vida en San Luis Potosí.

El PIL no es plan con una estructura definida, más bien es el resultado de un proceso de vinculación y negociación con actores institucionales locales. En ese sentido, la recepción, atención e integración de personas refugiadas en San Luis Potosí es lo más cercano al modelo ideal que persigue la operación de ACNUR, tomando como referencia el involucramiento y participación de las instituciones locales. Además del entendimiento para la inclusión en instituciones educativas de todos los niveles y de servicios de salud, otras acciones destacadas que podemos citar son las siguientes:

  • El Servicio Nacional del Empleo con el Taller para buscadores de empleo.
  • El Programa de Acompañamiento Psicosocial a la Movilidad Humana de la Facultad de Psicología de la UASLP, para la integración sociocultural de las personas en contextos de movilidad.
  • El programa Crédito PotoSin Frontera para el financiamiento de emprendimientos y el autoempleo, a través del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí (SIFIDE).
  • El Reconocimiento de Saberes para la acreditación de la educación básica, a través del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) del estado de San Luis Potosí.
  • La Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para el acompañamiento y representación legal de asuntos relacionados al refugio, el empleo, la salud y la educación.

Sin embargo, el objetivo más importante del PIL es conseguir que las personas accedan al empleo formal, pues a través del empleo adquieren independencia económica y asumen su propio proceso de integración social. Para ello, se requiere de empresas y empleadores dispuestos a contratar a personas refugiadas, o bien, lo que ACNUR identifica como “empresas solidarias”. Convocar a estas empresas no es sencillo, primero hay que superar algunas barreras de tipo cultural y otras de tipo administrativo. Las primeras pueden ser el desconocimiento sobre la figura del refugio (y de sus derechos), la xenofobia, los prejuicios sobre la inmigración, el idioma, etc. Entre las segundas es frecuente encontrar obstáculos en los requisitos de contratación, por ejemplo, es difícil que una persona refugiada presente un documento de experiencia laboral o que cuente con una cuenta bancaria para recibir su pago.  

Para superar dichas barreras se realiza un trabajo de sensibilización, capacitación, acompañamiento y comunicación efectiva para que las empresas realicen prácticas de inclusión laboral y se consiga la vinculación con el empleo. En San Luis Potosí, esta tarea fue asumida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de San Luis Potosí desde el 2022, bajo la asistencia técnica de ACNUR. Esta alianza estratégica ha convocado a múltiples sesiones y eventos para dar a conocer las características del PIL ante cámaras empresariales, instancias de gobierno y al público en general. Además, instituciones de educación superior se han sumado con estrategias formativas, como el Diplomado en Protección Internacional, Integración e Inserción Laboral de Personas Refugiadas en México (en sus ediciones 2022 y 2023) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y los Talleres para la inclusión laboral (2022-2025) ofrecidos por El Colegio de San Luis, A. C. Precisamente, una colaboración que se suma a este propósito es la Guía para la inserción e integración laboral de personas refugiadas en San Luis Potosí que se presenta en este micrositio. La Guía es un producto diseñado a través de un proceso de investigación y consulta en el que participaron El Colsan, ACNUR y la STPS, para ofrecer información sobre la contratación de personas refugiadas y, a la vez, facilitar la comunicación con entre actores para dar a conocer los objetivos del PIL.

¿Quiénes son las “Empresas solidarias” y en dónde se emplean las personas refugiadas?

La “Empresa solidaria” es un término que utiliza ACNUR para referirse a las empresas que ofrecen vacantes a personas refugiadas, al menos ese es el sentido en el marco del PIL. Las personas refugiadas, por definición, se encuentran en condición de vulnerabilidad y su contratación es considerada una práctica incluyente, bajo los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades. Aún persisten muchos prejuicios respecto a la contratación de personas extranjeras,3 no obstante, estos espacios laborales —junto con su personal— han asumido un proceso de sensibilización para trabajar con la diversidad en sus múltiples formas: origen nacional, pertenencia étnica, género, edad, lengua, nivel educativo, entre otras. En ese sentido, las empresas adoptan una actitud solidaria con la estrategia de ACNUR para ofrecer soluciones duraderas a personas que necesitan reiniciar su vida en este nuevo contexto social. 

Por otra parte, es importante dejar en claro que las personas refugiadas no son “beneficiarias” de las “empresas solidarias”. Mas bien, la vinculación laboral en el marco del PIL es una alianza estratégica de la que participan el organismo internacional, las empresas, las autoridades locales, la academia y las propias personas refugiadas, con el objetivo de crear condiciones para la inclusión laboral. En todo caso, las personas refugiadas son simplemente trabajadoras y trabajadores que se incorporan a un mercado laboral de oportunidades y limitaciones, pero realizando el esfuerzo extra para que esto suceda en condiciones equivalentes a las de cualquier otro potosino.

En San Luis Potosí se han registrado más de 220 empresas solidarias, lo que representa el 33% de las empresas que participan en el PIL en todo México y desde su creación en el 2016.4 En ese sentido, la propuesta del PIL ha sido bien acogida entre el sector privado potosino, en gran parte, gracias al trabajo colaborativo de sensibilización y difusión por parte de ACNUR y la STPS. No existe un dato oficial de las personas que han sido insertadas laboralmente en San Luis Potosí, pero sabemos que aproximadamente 1000 personas ingresaron al empleo formal durante el 2024. Las personas refugiadas están ingresando a todo tipo empleos, incluyendo los servicios profesionales de la salud, la administración de empresas y la educación. No obstante, el perfil laboral de la mayoría encuentra oportunidades en el sector restaurantero, la seguridad privada y la industria manufacturera. En general, las experiencias de inclusión laboral son muy positivas, pero es cierto que son las grandes empresas quienes tienen la capacidad de contratar a decenas de aspirantes y de implementar políticas de integración sociolaboral de mayor impacto. Por ejemplo, durante los últimos años han arribado muchas personas que hablan un idioma diferente al español, particularmente de Haití, y algunas empresas están contratando a personas bilingües para que, a su vez, participen en los procesos de contratación de personal y para traducir manuales, instructivos y señalética. También en estos lugares, por la compleja estructura organizativa, existe mayor oportunidad de aspirar al ascenso laboral y de participar de otros espacios de integración, tales como festividades conmemorativas, torneos deportivos, eventos temáticos, cursos de capacitación, sesiones de coaching, entre otras.

El panorama actual de los refugiados en medio de la política antiinmigrante de Donald Trump.

No sabemos cuántas personas refugiadas han hecho de San Luis Potosí su propio hogar, sólo podemos darnos una idea a través de los datos que ACNUR hace públicos. Por ejemplo, sabemos que más de 6000 personas han sido atendidas por la oficina de integración desde su instalación en el 2020, aunque este número no representa la cantidad real de residentes.5 El dato incluye a quienes han abandonado el PIL y a quienes ya se encontraban viviendo aquí y solicitaron algún tipo de apoyo. Entonces, el número podría ser menor y comparado con los más de 2.8 millones de potosinas y potosinos, los refugiados son realmente una muy pequeña minoría. Mas bien, hay que insistir en que las personas refugiadas son una minoría vulnerable y bastante heterogénea en distintas formas de diversidad (origen nacional, edad, género, idioma, tradición cultural, etnia, instrucción educativa, ect.). Ambos factores hacen que la integración plena a nuestra sociedad sea todo un reto.

Recordemos que hasta el momento no existe -a ningún nivel de gobierno- una política de integración de comunidades internacionales. Además, el contexto de la política migratoria internacional en nuestra región ha cambiado. La agresiva política antiinmigrante emprendida por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos ha incluido, entre otras cosas, un recorte de financiamiento a programas de asistencia a la movilidad humana, incluyendo el reasentamiento y la integración de refugiados. Esta disposición tuvo efecto inmediato en el cese de programas como Movilidad Segura en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala, para la recepción de solicitudes de refugio; el Operation Allies Wellcome, para el reasentamiento de aliados o excolaboradores afganos; el Uniting for Ukraine, para desplazados por la guerra con Rusia; y los procesos de Parole humanitario para cubanos, nicaragüenses y venezolanos; entre otros.

De igual manera, dicho recorte financiero ha afectado a la operación de ACNUR en México, provocando el cierre de oficinas en Chiapas, Tabasco y Jalisco, lo que incluye el despido de alrededor de 200 trabajadores humanitarios, y todavía falta por saber qué impacto tendrá este recorte en el presupuesto que se canaliza a la COMAR. Esto resulta preocupante porque el financiamiento y la asistencia técnica de ACNUR habían sido fundamentales para impulsar algunas estrategias de acogida e integración para los refugiados; luego, llega a ser más preocupante cuando se reconoce que el impacto de estas estrategias también es limitado.

No todo el panorama es negativo. El trabajo avanzado en San Luis Potosí ha implicado pequeños cambios en el contexto de llegada para los refugiados. Para empezar, se ha dado difusión pública a las diferencias entre la migración de tránsito y el refugio. Esto no parece tan importante a simple vista, pero ha sido esencial para que sean (re)conocidos los derechos que corresponden a cada uno y para el cambio de actitud dentro de instituciones públicas y del sector privado hacia la movilidad humana. También hay nuevos antecedentes de acceso a programas sociales que antes no se consideraban, como el financiamiento para el autoempleo, la capacitación para el trabajo y la acreditación de saberes de educación básica. Más organizaciones de la sociedad civil se han involucrado en acciones de protección internacional y hay mayor participación de instituciones de educación superior, lo que a menudo se acompaña de oportunidades para la reflexión y la investigación de estos fenómenos sociales. Los empleadores, por su parte, comienzan a reconocer lo que las personas refugiadas aportan a la cultura laboral de sus unidades económicas. Las experiencias compartidas por empleadores en el proceso de consulta para la elaboración de la presente Guía destacan siempre la proactividad, el alto rendimiento y el compromiso con el ascenso cuando la estructura organizacional lo permite. Estas experiencias positivas se han vuelo sostenibles en algunos espacios y en la actualidad hay grandes empresas que han logrado insertar a más cien personas en su plantilla laboral.

Como en otros momentos en la historia de la protección internacional en México, los refugiados están aportando cosas positivas con su participación en la vida social de nuestro estado. Entre los refugiados hay profesionistas que destacan en su ramo: médicos que estuvieron en primera línea durante la pandemia por COVID 19; profesionales de la educación calificados en distintos niveles; administrativos entrenados en su área; deportistas de alto rendimiento; así como notorios artistas en disciplinas como la pintura, las letras, la música y el teatro. No menos importante es la riqueza gastronómica que están integrando a nuestras ciudades, además, es común que la comida internacional abra el espacio para compartir la música y las costumbres. El intercambio de saberes, tradiciones y formas de vida está haciendo de San Luis Potosí una ciudad verdaderamente cosmopolita. Finalmente, cabe remarcar que el mayor aporte cultural que hacen las personas refugiadas a nuestro estado sucede en el marco de la vida cotidiana, en la interacción con sus vecinos y compañeros de trabajo, en la formación de familias y de grupos de amigos, así como en su participación en la vida comunitaria y de las instituciones. En esos espacios es donde adquiere mayor relevancia el intercambio de los mundos de vida, donde tienen mayor entendimiento las formas de hablar, de comer, de vestir, etc. Desde su trabajo, desde la vida cotidiana, y desde la participación en la defensa de sus derechos, los refugiados están contribuyendo a cambiar para mejor el contexto de llegada para otras personas en movilidad.

Notas al texto.


  1. Estancia Posdoctoral por México, 2022, en el Programa de Estudios Políticos e Internacionales de El Colegio de San Luis. ↩︎
  2. Cepodemi (2021). Memoria de trabajo del Centro Potosino de Estudios Migratorios, a. c., 2016-2019., [texto inédito]. San Luis Potosí. ↩︎
  3. Regularmente por el desconocimiento de los fenómenos de migración de tránsito y refugio y su asociación negativa con la inseguridad, las maras, la xenofobia, entre otras cosas. ↩︎
  4. En todo México se tienen registradas 650 empresas solidarias desde la creación del PIL en el 2016. ↩︎
  5. Sólo ACNUR conoce la cantidad de personas refugiadas que residen en el estado y lo reserva para sus informes internos. Esta opacidad no permite saber, entre otras cosas, qué tan eficiente es el programa al considerar la deserción, la permanencia en el empleo y la integración comunitaria, por mencionar algunos ejemplos. ↩︎

Fuentes revisadas y recomendadas.

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